La lucha contra el dinero negro sigue inconclusa 20 años después del 11-S

En las semanas posteriores a los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se movilizó para cortar el financiamiento de los terroristas y otros malos actores mundiales. Como parte de la Ley Patriótica de 2001, Washington exigió a las compañías financieras de toda índole que pusieran en marcha programas contra el blanqueo de capitales similares a los aplicados por los bancos.

Veinte años después, esa concepción de frente unido contra el dinero negro no se ha materializado. Firmas de capital riesgo y hedge fund con billones de dólares en activos han escapado al mandato contra el blanqueo de capitales porque el Tesoro de EEUU -bajo presidentes tanto republicanos como demócratas- aún no ha emitido normas definitivas que apliquen la ley a esos asesores de inversiones.

Los resultados son preocupantes a multitud de niveles. Los defensores de la lucha contra la corrupción afirman que el retraso ha abierto una puerta trasera al sistema financiero estadounidense para delincuentes y cleptócratas de todo el mundo. Los expertos en cumplimiento normativo temen que se haya dejado a los bancos y a los brókeres la carga de aplicar la ley contra el blanqueo de capitales, aunque compitan en el Wall Street actual contra los grupos de capital riesgo y los hedge fund en negocios entre los que se incluyen los préstamos.

"Todos los bancos realizan el due diligence y los brókeres realizan el due diligence, así que literalmente se está dibujando un mapa -una vía- para eludir las normas contra el blanqueo de capitales al no incluir a los asesores de inversiones", sostiene Gary Kalman, director de la oficina estadounidense de Transparency International, un grupo anticorrupción financiado principalmente por organismos gubernamentales de todo el mundo. "La ley abre este vacío legal".

El blanqueo de dinero, obviamente, era ilegal antes de la Ley Patriótica, y las firmas de capital riesgo y los hedge fund operaban en ese contexto. La ley de 2001 cambió las cosas al añadir lo que los abogados denominan "una obligación afirmativa" para que los asesores de inversiones participen en la lucha contra el blanqueo de capitales, exigiéndoles que pongan en marcha programas y personal para detectar actividades sospechosas de sus clientes e informar de ellas a las fuerzas del orden.

El impasse de 20 años que siguió, según personas familiarizadas con lo sucedido, refleja muchos de los factores que han contribuido a la disfunción en la capital de la nación en los últimos años. El proceso de elaboración de normas federales tiende a ser frío. Una burocracia sobrecargada se distrae fácilmente con la última crisis. La presión de los lobbies empresariales puede ser intensa. La supervisión del Congreso es intermitente.

"No creo que la gente en el Congreso le estuviese prestando atención", señala Joshua Kirschenbaum, un ex funcionario del Tesoro que trabajó en temas relacionados con el blanqueo de dinero la década pasada. "Si esto hubiera sido una prioridad para el Congreso, no lo habrían dejado para ahora".

Los esfuerzos de implementación comenzaron a ralentizarse seriamente en 2002, cuando la administración de George W. Bush concedió "exenciones temporales" a una serie de compañías cubiertas por la Ley Patriótica -desde firmas de inversión hasta inmobiliarias y concesionarios de automóviles- para poder centrarse en sectores considerados más fundamentales en la batalla contra la financiación del terrorismo.

El último intento de poner en marcha la ley se produjo en 2015, hacia el final de la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como FinCEN, nunca emitió una norma definitiva y la administración Trump no recogió el testigo.

En su propuesta de 2015, la FinCEN expresaba su temor a que los blanqueadores de dinero vieran en los asesores de inversiones "una forma de bajo riesgo de entrar en el sistema financiero estadounidense". Aunque reconocía que esos fondos operan a través de bancos y brókeres que aplican controles más estrictos, el organismo señaló que esas barreras podrían erosionarse si los asesores de inversiones no investigaban adecuadamente a sus clientes.

Quizás la respuesta pública más contundente a la FinCEN en 2015 procediese del sector del capital riesgo. Éste argumentó -entonces, como ahora- que los fondos de capital riesgo "son malos vehículos para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" porque requieren que los inversores "inmovilicen" los fondos durante años.

La industria señaló que la FinCEN debería eximir a los fondos que prohibieran los reembolsos durante al menos dos años y sugirió a los reguladores que se centraran en productos más adecuados para los blanqueadores de dinero. La Asociación de Hedge Fund también pidió una regulación específica, diciendo que está "abierta a normas apropiadas y cuidadosamente elaboradas que aborden el crimen".

No todos los expertos están de acuerdo con la afirmación de que los fondos con largos periodos de inmovilización del dinero son inadecuados para el blanqueo de capitales. Argumentan que los delincuentes con bolsillos más profundos pueden estar dispuestos a aparcar sus fondos durante años, del mismo modo que lo hacen los inversores adinerados legítimos.

"Sabemos que muchos actores corruptos y criminales son pacientes con su dinero, siempre que al final parezca estar libre de toda mancha", afirma Elise Bean, que ayudó a dirigir varias investigaciones sobre el blanqueo de dinero durante sus años como consejera jefe del subcomité permanente del Senado sobre investigaciones. "Si eres un gran blanqueador de dinero, pongamos que con millones de dólares procedentes del narcotráfico, ¿realmente tienes algún problema en inmovilizar tu dinero durante un par de años si eso produce dinero limpio?"

Chip Poncy, una exautoridad del Tesoro que codirige el segmento de delitos financieros globales en K2 Integrity, una firma de riesgo y cumplimiento normativo, explica que le preocupa que el estado actual de las cosas aumente en última instancia la presión sobre los bancos que representan el corazón del sistema de pagos para vigilar a los asesores de inversiones menos regulados y a sus clientes.

"Cuando realizas pagos, cuando custodias activos, cuando aceptas depósitos, eres dueño del riesgo de esos clientes y de esos activos, independientemente de cómo hayan llegado a ti", señala. "Cuanto más dinero se introduce en el sistema financiero a través de un sector poco regulado o no regulado, más riesgo hay en ese sistema".

La FinCEN no quiso hacer declaraciones sobre por qué no se ha redactado ninguna norma para los asesores de inversiones, como las firmas de capital riesgo y los hedge fund. También se negó a confirmar si tenía planes para hacerlo.

La pregunta que se plantea ahora en los círculos de cumplimiento normativo de EEUU es si la administración Biden tratará de recuperar la norma propuesta por la FinCEN en 2015 y "completar el legado de Obama", como dice Bean. Sospecha que se harían cambios en la propuesta -por ejemplo, para tener en cuenta el rápido crecimiento de los family office-, pero añade: "Creo que sería bastante fácil de hacer".